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La relación con el Estado puede definir el futuro de una empresa, y la mejor defensa es la que empieza antes del conflicto.
El Estudio desarrolló el servicio Escudo Regulatorio, basado en la metodología E.S.C.U.D.O., que convierte más de dos décadas de experiencia en litigio contra el Estado en un verdadero sistema de prevención: diagnóstico integral de la situación regulatoria de la empresa con un Mapa de Riesgo, saneamiento de lo pendiente, monitoreo permanente de obligaciones y vencimientos, y alertas tempranas que permiten anticiparse a multas, clausuras e intimaciones en lugar de reaccionar cuando ya es tarde.
Y si el conflicto igualmente llega —sanciones, habilitaciones trabadas, licitaciones y contrataciones públicas—, el mismo equipo despliega la defensa activa frente a organismos nacionales, provinciales y municipales.

Sí. Las clausuras y sanciones administrativas pueden impugnarse por vía administrativa y luego judicial, y en casos urgentes puede pedirse una medida que suspenda los efectos mientras se discute. Los plazos para recurrir son cortos, así que hay que actuar rápido.
Son breves y perentorios: dejarlos vencer puede consolidar la decisión aunque sea injusta. Varían según el organismo y el tipo de acto. Apenas recibas una notificación de un ente público, consultá antes de que corra el plazo.
Sí. Tramitamos habitualmente ante municipios, la Dirección General de Rentas, ATM, Irrigación, el Registro Público y reguladores sectoriales de la provincia. Conocer cómo funciona cada uno por dentro acorta plazos y evita errores de forma.